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                                                                                                                               Madrid, 6 de Octubre de 2015.

 

LAS IRREGULARIDADES DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA LLEGAN AL CONGRESO.

Con fecha 6 de octubre de 2015, ANTONIO TREVÍN LOMBAN, diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, presentó varias preguntas para que fueran contestadas por escrito, algo que nunca sucedió.


Octubre 2015. Registro PSOE-Congreso 
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El 18 de agosto de 2011 entraron tres Órdenes Ministeriales en vigor, que fueron sometidas al preceptivo trámite de audiencia a todas las partes afectadas, antes de su aprobación, publicación y posterior exigencia, sin que se tenga conocimiento alguno de que fueran reflejados aspectos de su no posible cumplimiento u otras exigencias por parte de todos los actores implicados (fabricantes de seguridad electrónica y seguridad física, empresas de seguridad, asociaciones de seguridad, usuarios, funcionarios policiales, etc.).

Son las siguientes:

. Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de Seguridad Privada.

. Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

. Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de Seguridad Privada.

A partir de esa fecha, y según el artículo 3.1 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la Seguridad Privada, "cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas aplicables en cada caso y que estén en vigor.

Los productos deberán estar fabricados con arreglo a las Norma UNE o UNE EN anteriormente mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismos de Control acreditados, por las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo con la Norma EN 45011 y a la Norma ISO/IEC 17025 para laboratorios.

Esta aplicación era y es de obligado cumplimiento, para aquellos sistemas de seguridad (intrusión, control accesos, CCTV, sistemas alarma social, sistemas y equipos de transmisión de alarmas, sistemas combinados o integrados), que se pretendiesen conectar a una Central Receptora de Alarmas (CRA), centro de control y/o de videovigilancia a partir del 18 de agosto de 2011 y sobre nuevas instalaciones. Lo que obligaba y obliga a que desde la fecha que entraban en vigor las mencionadas Órdenes Ministeriales, estos productos deben:

a) Estar fabricados bajo las especificaciones técnicas o criterios que recogían las normas técnicas UNE y UNE EN descritas y que figuran en los anexos I de las Órdenes Ministeriales aludidas al principio.

b) Contar con la evaluación de ser testados y/o ensayados por laboratorios ensayo acreditados ISO/IEC 17025.

c) Contar con la certificación de conformidad o de producto por organismos de control acreditados EN 45011.

En definitiva, lo que pretendían y pretenden las Órdenes Ministeriales era que se instalaran productos homologados y por ellos era y sigue siendo dicha homologación preceptiva ya que tales incumplimientos podrían suponer , y suponen, con la anterior y la actual legislación en materia de seguridad privada, una infracción grave o muy grave.

No obstante, dicha normativa ha sido objeto de incumplimientos repetidos, reiterados y sistemáticos realizados por parte de la Administración (principalmente de la Unidad Central de Seguridad Privada de la PN dependiente del Ministerio del Interior), quién a través de las resoluciones y órdenes dictadas por su comisario jefe prácticamente las ha dejado sin efecto, lo que ha permitidos abusos a los derechos de los usuarios y consumidores por la mayoría de las empresas que tenían la obligación de comercializar e instalar respectivamente, productos que contasen con estas condiciones ya que resultaban de obligado cumplimiento desde el 18-08-2011 y no lo ha hecho.

Nada hacía presagiar que se podría incumplir la normativa citada, nada más comenzar su andadura, esto es, el 18-08-2011 mientras las Órdenes están en vigor y sin que haya pasado nada.

Por todo ello se formularon las siguientes preguntas.

1.- ¿Fueron tratados y analizados estos aspectos de posibles incumplimientos durante, después y hasta la publicación de las Órdenes Ministeriales de Interior el 18 de febrero de 2011, en las Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada, donde estaban representados todos los actores implicados?.

2.- De ser así, ¿cómo es posible que no se plantearan estas cuestiones de incumplimiento de las exigencias normativas citadas, entre el período de la publicación de las Órdenes en el BOE y su exigencia definitiva el 18-08-2011 y no antes?

3.- ¿Fueron o no estudiados y valorados estos aspectos por la Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada?

4.- Si se encontraban en dichas Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada, representados los más adecuados y profesionales expertos en la materia: ¿cómo fue posible que no se detectara con anterioridad a la publicación de las Órdenes Ministeriales aludidas, estas cuestiones planteadas por el sector empresarial y asociaciones del sector de la seguridad privada hasta junio de 2011, durante la celebración del II Congreso Nacional de Seguridad Privada y no en la fase de información pública?

5.- ¿Se ocultaron de manera deliberada e intencionada los posibles incumplimientos que no han sido sancionados a la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales por parte de algunos de los profesionales allí representados?.

6.- ¿Los ocultaron los fabricantes de estos productos? ¿Constituyó desde el inicio una dejación de funciones por parte de los responsables de la inspección de la propia Administración?.

7.- ¿Cómo es posible que transcurridos dos meses desde la celebración del II Congreso Nacional de Seguridad Privada, en la que aparentemente no surgían problemas a la hora de exigir el cumplimiento de las Órdenes se plantease la posibilidad de que puedan no estar disponibles (agosto 2011), ENSAYADOS y CERTIFICADOS, todos los productos de seguridad física y electrónica que fueron afectados por la entrada en vigor de la nueva normativa el 18-08-2011?

A su entrada en vigor, una resolución recoge que: "consultados a los Organismos que puedan conocer de forma directa el problema planteado, se ha llegado a la conclusión de que la aplicación inmediata, en este momento, de los requisitos y exigencias normativas en cuanto al ensayo y certificación de los productos necesarios para realizar una instalación de seguridad con arreglo a los grados exigidos, podría entrañar una importante dificultad, cuando no imposibilidad para todo el sector, incluyendo a los distintos estamentos oficiales responsables del control de la seguridad privada, razón por la cual se ha considerado necesario, ante este eventual y transitorio período de carencia, unificar los criterios de actuación de las Unidades de la Policía Nacional encargada de su control administrativo, de manera que respondan a un mismo modelo de actuación que permita dar solución al problema planteado con la suficiente seguridad jurídica".

8.- ¿A que Organismos les fueron consultadas tales circunstancias para conocer de forma directa el problema planteado?

9.- ¿Significa que previamente a la publicación de las Órdenes Ministeriales y durante el período de publicación de esta y hasta su exigencia, no fueron planteados en las Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada, estas circunstancias que podrían desencadenar en el problema que plantearon el 30 de agosto de 2011 y al no cumplimiento de tales exigencias normativas ya en vigor desde el 18 de agosto de 2011?

10.- ¿No se valoraron y analizaron tales circunstancias previamente por los responsables y actores implicados representados en las Comisiones Mixtas de Coordinación?

11.- ¿Cómo se pudo pasar por alto por fabricantes, empresas, organismos y administración, tales circunstancias, toda vez que estaban los expertos profesionales más adecuados para dilucidad ésta y otras circunstancias?

12.- ¿Qué seguridad jurídica puede tener esa actuación que permite a los funcionarios policiales no cumplir ni hacer cumplir la normativa de seguridad privada que resultaba de plena aplicación desde el 18 de agosto de 2011?

La resolución a que hace referencia recoge expresamente que: "En todo caso se exigirá el compromiso formal por parte de los fabricantes afectados, de presentar los documentos definitivos una vez concluido el procedo de ensayo y certificación, que serán de obligado cumplimiento y presentación durante el primer mes del próximo año 2012". 

¿SUSTITUYE LA PALABRA DE UN FABRICANTE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LA LEY?

La Disposición final segunda Órdenes Ministeriales INT/314/2011, INT/316/2011 e INT/317/2011 recogen que es el Director General de la Policía y de la Guardia Civil quien quedaba facultado para adoptar cuantas resoluciones y medidas fueran necesarias para la ejecución y cumplimiento de las Órdenes Ministeriales, así como para la modificación, en su caso, de los Anexos, pero la suspensión de la aplicación fue acordada por el responsable de la Unidad Central de Seguridad Privada.

12.- ¿Cómo se permitió desde el propio Ministerio del Interior adoptar esta medida por persona distinta de la designada por el mismo Ministro del Interior en las Órdenes Ministeriales publicadas el 18-02-2011?

13.- ¿Cómo pudo dar el responsable de la Unidad Central de Seguridad Privada, una orden por escrito a sus subordinados que quebrantase lo preceptuado y ordenado por un Ministro del Interior?

14.- Ante la evidencia de su incumplimiento, ¿por qué no se ha planteado desde la Dirección General de la Policía o desde el propio Ministerio, adoptar la medida por Orden Ministerial, de un período mayor (1 o 2 años) de entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales, ante el problema de tal IMPOSIBILIDAD para su cumplimiento en el período fijado de 6 meses desde su publicación el 18 de febrero de 2011 y hasta el día de la fecha?

15.- ¿Qué fabricantes de seguridad electrónica y seguridad física se acogieron a este extraordinario período de carencia recogido en la resolución, que finalizó el 31-01-2012, pero que de hecho sigue vigente, para presentar los correspondientes certificados de producto que diran sustento documental a los productos instalados por las empresas de seguridad autorizadas, desde el 18-08-2011 hasta el primer mes del año 2012?

16.- ¿Sirvió esta resolución para que los fabricantes pudieran comercializar productos en stock que posteriormente no se corresponderían con las certificaciones presentadas en el primer mes del año 2012?

17.- Actualmente, ¿cuántos expedientes hay abiertos por incumplir esta normativa?

18.- ¿Puede asegurar el Ministerio del Interior que fabricantes de seguridad electrónica como Essence Security International, Ltd, Honeywell, UTC FIRE & SECURITY, DSC, Texecom, Web Way One, Paradox Security Systems, Siemens, Risco, Indra, Gunnebo, RSI, VIDEO TECHNOLOGIES, Visonic, cumplieron esa medida a 31 de enero de 2012 con todos los productos que comercializaron desde el 18 de agosto de 2011?

19.- ¿Puede asegurar el Ministerio del Interior que fabricantes de seguridad física como Baussa Industrias de Seguridad SA, Ferrimax SA, Dragosanz SL, Gunnebo, Cobra, Puertas Acorazadas Santoyo, Arcas Ollé, Arcas Gruber, Tecnosefi, Norsefi, Arcas Arbasal, Tecnoexpress, Montalvo y Sanz, BTV SA, cumplieron esa medida a 31-01-2012 con todos los productos que comercializaron desde el 18-08-2011?

20.- ¿Se adoptó a partir del 01-02-2012 otro extraordinario período de carencia por el responsable de la UCSP dirigido a aquellos fabricantes de seguridad electrónica o física que no contasen con sus productos certificados antes del 31-01-2012?

 

SOBRE EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN. 

En la Orden INT/314/2014, de 1 de febrero de 2011, sobre empresas de seguridad privada, publicada en el BOE de 18 de febrero de 2011, en su preámbulo (exposición de motivos) figura lo siguiente:

"La presente disposición tiene por objeto la actualización de las Normas europeas EN de seguridad física aplicables en la actualidad, así como la inclusión de las nuevas Normas reguladoras de las características que deberán reunir los sistemas de seguridad electrónicos instalados.

En este mismo sentido, la presente Orden facilita la incorporación de todas aquellas disposiciones racionales y europeas que modifiquen las ya existentes, con el fin de mantener actualizados los aspectos tecnológicos inherentes a dichas normas, incluida la certificación de la producción de todos los elementos que forman parte de la seguridad física y electrónica de las instalaciones de seguridad.

Todas las Normas contenidas en esta Orden aparecen recogidas en el anexo I bajo el título de "Relación de Normas UNE o UNE EN que resultan de aplicación".

Y también se ha de decir que el artículo 3 de la Orden INT/314/2011, en su apartado 1º "APROBACIÓN DE MATERIAL", expone que cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50333, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor, lo que significa que a partir de agosto de 2011, los productos de seguridad física y electrónica, debían contar con las especificaciones técnicas "CLC-TS" y criterios recogidos en las normas técnicas "EN" procedentes de Europa y que cualquier modificación, aprobación de cualquier norma UNE o UNE EN que se aprobase, resultaría aplicable a los productos de seguridad física y electrónica tras su publicación por los organismos competentes (CEN-CENELEC en Europa y AENOR en España). AENOR es el miembro por España de los Comités Europeos de Normalización "CEN" encargado de la seguridad física, así como, del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica "CENELEC" encargados de la seguridad electrónica. También significaba y significa que cualquier elemento que formase parte de un sistema de alarma de intrusión (sistema de alarma conectado a CRA, centro de control o videovigilancia) debía contar con que todos los elementos que conformaban ese sistema, de los correspondientes ensayos y certificados, emitidos por laboratorios y organismos de control acreditados respectivamente.

Ejemplo:

Si un equipo de control y señalización o panel de control, contaba con la norma técnica de equipos de control y señalización "EN 50131-3:2009", si además incluía la fuente de alimentación principal y de emergencia (batería), también debía contar con el cumplimiento a la norma técnica "EN 50131-6:2008". Y si a este equipo o panel de control se le incluía un equipo de transmisión de alarma, para transmitir las señales producidas por una intrusión a la central receptora de alarmas, éste debía contar con el cumplimiento a las especificiaciones o normas técnicas de la serie EN o UNE EN 50136 que les resultaran aplicables por aquel entonces a estos productos y en función de qué tipo de vías de transmisión se realizarían las transmisiones (Ethernet-IP, TCP-IP, GPRS, GSM, PSTN, etc).

En definitiva, todos los elementos o dispositivos que conformaban y conformarían un sistema de alarma de intrusión, que a su vez contasen con una especificación o norma técnica EN, UNE, UNE-EN o CLC/TS aprobada y publicada en el Anexo I de la citada Orden Ministerial al principio consignado, debían contar con la conformidad y evaluación de ser ensayados y certificados por laboratorios y organismos de control acreditados, en base a las normas EN ISO/IEC 17025 para laboratorios y EN 45011 para organismos de control, que tuviesen acreditación suficiente para ensayar y certificar las normas UNE, UNE EN, EN o CLC/TS que les resultaran aplicables a cada uno de estos productos.

La ORDEN INT/314/2011 exigía y exige la certificación de toda la producción por parte de los fabricantes que quisieran comercializar productos en España, y bajo las indicaciones y preceptos de las exigencias normativas de seguridad privada establecidas al efecto el 18 de febrero de 2011, que serían de plena aplicación a los 6 meses desde su publicación.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

21.- Como quiera que las cuestiones de certificación de la producción, bajo sistemas de certificación 3, 4 o 5 de la Guía ISO/IEC 67 o de su homónima española UNE 66567, así como la elaboración de las normas UNE y UNE EN son competencias del CEN-CENELEC en Europa y de AENOR en España... ¿Fueron consultados estos Comités y Asociaciones para la determinación de estas cuestiones en la elaboración de las órdenes? ¿Cuándo?

22.- ¿Fueron consultados ENAC y el Ministerio de Industria que tienen competencia en materia de claidad y seguridad industrial?, ¿Cuándo?

23.- ¿Fueron tratados previamente estos temas, en la elaboración de los proyectos de las Órdenes Ministeriales del 2011, publicadas en el BOE núm.42 de 18-02-2011, y por las Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada, donde se encontraban representados todos los actores implicados?

24.- ¿Qué Asociación de Seguridad elevó la consulta sobre los niveles de certificación de productos exigibles a los productos, que garantizase que todos los elementos que formaban parte de la producción de un fabricante de sistemas de seguridad, cumplían con las características de calidad que se recogían en las correspondientes normas UNE o UNE EN que estaban previstas en la normativa de seguridad privada?

25.- ¿Hubo fabricantes que certificaron su producción bajo un sistema o nivel de certificación por debajo del 3 de la ISO/IEC 67 o su homónima española UNE 66567 una vez que entraron en vigor las Órdenes Ministeriales el 18-08-2011?

26.- ¿Hubo empresas de seguridad instaladoras de sistemas de alarma, que instalaron productos desde el 18-08-2011, cuyos certificados de producto no garantizaban toda la producción y cuya producción no estuviese garantizada con un esquema, sistema o nivel de certificación de la producción mínimo 3, 4 o 5 de la ISO/IEC 67 o su homónima española?

27.- Cuando el informe 2012/068 de 29-10-2012 sobre los niveles de certificación de productos exigibles a los productos, en el apartado CONCLUSIONES, expone que ya se expresó en anteriores informes. ¿A qué informes se refiere la UCSP? ¿Cuándo fueron emitidos dichos informes que aclarasen estas circunstancias?

28.- ¿Se admitieron certificados de producto desde el 18-08-2011 y por los servicios policiales competentes, que no contasen con la conformidad y evaluación de organismos de control acreditados EN 45011, que no hubiesen aplicado un esquema, sistema o nivel de certificación de la producción 3,4 o 5 de la Guía ISO/IEC 67 o de su homónima española?

29.- ¿Se admitieron certificados de producto desde el 18-08-2011 y por los servicios policiales competentes, que no contasen con la conformidad y evaluación de organismos de control acreditados EN 45011, que NO hubiesen aplicado o garantizado toda la producción?

SEGUIMOS ESPERANDO QUE LA CORRUPCIÓN POLICIAL

SEA INVESTIGADA.

GÁNDARA ¿¿¿CUÁNDO TE VAN A CESAR???

 

 


 

 

 

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